NASH, Mary y TAVERA, Susana: Experiencias desiguales: conflictos sociales y respuestas colectivas (Siglo XIX) Madrid, 1995. Ed. Síntesis.

2. Un control social informal mucho más sutil y, por consecuencia, más eficaz.

El dominio del género masculino se basaba en la idea de la “domesticidad” que establecía los principales arquetipos femeninos (“ángel del hogar”, “madre solícita”, “dulce esposa”...), su función social y su código de conducta.

Esta opinión no era exclusiva de los grupos más conservadores o reaccionarios del país. El escritor catalán, Pompeu Gener, ideológicamente adscrito al republicanismo federal y, por consecuencia, ligado a los sectores más progresistas del país, afirmaba lo siguiente:

“En sí misma, la mujer, no es como el hombre, un ser completo; es sólo el instrumento de la reproducción, la destinada a perpetuar la especie; mientras que el hombre es el encargado de hacerla progresar, el generador de la inteligencia, (...) creador del mundo social.” Pompeu Gener: “La Vanguardia” 26 Febrero 1889.

SUFRAGISTAS Y FEMINISTAS

Pese al retraso del movimiento feminista español, diversas mujeres iniciaron la defensa de la idea de la igualdad femenina.

Dolors Monserdà (1845-1919) defendió los derechos de la mujer desde una perspectiva nacionalista catalana y profundamente católica.

Teresa Claramunt (1862-1931), obrera textil y militante anarcosindicalista, reivindicó el papel de la mujer como madre que trasmite valores ideológicos a sus hijos. Si estos valores eran igualitarios y anarquistas se estaría poniendo las bases para una nueva sociedad.

María de Echarri (1878-1955), concejala del Ayuntamiento de Madrid e inspectora de trabajo del Instituto de Reformas Sociales, promovió, desde una perspectiva de feminismo católico, algunas medidas de mejora laboral para las obreras. Destaca la llamada “Ley de la Silla” de 1912, por la cual los empresarios debían proporcionar una silla a todas las mujeres que trabajaran en la industria o el comercio.

A partir de los años 20, el feminismo español comenzó a añadir demandas políticas a las reivindicaciones sociales.

En 1918 en Madrid se crea la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME). Formada por mujeres de clase media, maestras, escritoras, universitarias y esposas de profesionales, sus dirigentes Maria Espinosa, Benita Asas Manterola, Clara Campoamor o Victoria Kent planteaban ya claramente la demanda del sufragio femenino.

Junto a esta asociación surgen múltiples agrupaciones. Entre ellas destaca la Cruzada de Mujeres Españolas, dirigida por la periodista Carmen de Burgos, y que protagonizó la primera manifestación callejera pro sufragio en Madrid en mayo de 1921.

LA CONQUISTA DEL VOTO FEMENINO

Pese a los esfuerzos de las primeras sufragistas españolas,  la concesión del voto femenino en nuestro país no puede ser atribuida a la presión de los grupos feministas o sufragistas. Si bien la movilización sufragista había alcanzado por primera vez cierta resonancia social, el sufragio femenino fue otorgado en el marco de las reformas introducidas en la legislación de la Segunda República española (1931-1936).

La coherencia política de los políticos que se proclamaban democráticos obligó a una revisión de las leyes discriminatorias y a la concesión del sufragio femenino.

El proceso, sin embargo, fue bastante complejo y paradójico.

Era opinión general, tanto en los partidos de izquierda como de derecha, que la mayoría de las mujeres, fuertemente influenciadas por la Iglesia católica, eran profundamente conservadoras.

Su participación electoral devendría inevitablemente en un fortalecimiento de las fuerzas de derecha. Este planteamiento llevó a que importantes feministas como la socialista Margarita Nelken (1898-1968) y la radical-socialista Victoria Kent (1897-1987), que habían sido elegidas diputadas a las Cortes Constituyentes de 1931, rechazaran la concesión del sufragio femenino. En su opinión, las mujeres todavía no estaban preparadas 

para asumir el derecho de voto, y su ejercicio siempre sería en beneficio de las fuerzas más conservadoras y, por consecuencia, más partidarias de mantener a la mujer en su tradicional situación de subordinación.

Clara Campoamor (1888-1972), también diputada y miembro del Partido Radical, asumió una apasionada defensa del derecho de sufragio femenino. Argumentó en las Cortes Constituyentes que los derechos del individuo exigían un tratamiento legal igualitario para hombres y mujeres y que, por ello, los principios democráticos debían garantizar la redacción de una Constitución republicana basada en la igualdad y en la eliminación de cualquier discriminación de sexo.

Al final triunfaron las tesis sufragistas por 161 votos a favor y 121 en contra. En los votos favorables se entremezclaron diputados de todos los orígenes, movidos por muy distintos objetivos. Votaron sí los socialistas, con alguna excepción, por coherencia con sus planteamientos ideológicos, algunos pequeños grupos republicanos, y los partidos de derecha. Estos no lo hicieron por convencimiento ideológico, sino llevados por la idea, que posteriormente se demostró errónea, de que el voto femenino sería masivamente conservador.

La Constitución de 1931 supuso un enorme avance en la lucha por los derechos de la mujer.

Artículo 23

“No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas.”

Artículo 36

“Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.”

La Constitución republicana no sólo concedió el sufragio a las mujeres sino que todo lo relacionado con la familia fue legislado desde una perspectiva de libertad e igualdad: matrimonio basado en la igualdad de los cónyuges, derecho al divorcio, obligaciones de los padres con los hijos...

La ley del divorcio (1932) supuso otro hito en la consecución de los derechos de la mujer.

El régimen republicano estaba poniendo a España en el terreno legal a la altura de los países más evolucionados en lo referente a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Sin embargo, en este aspecto como en tantos otros, la guerra civil y la dictadura de Franco dieron al traste con todo lo conseguido, devolviendo a la mujer a una situación de dominación en el marco de una España franquista impregnada de valores tradicionales y reaccionarios.

LA TRANSICIÓN POLÍTICA Y EL FEMINISMO EN ESPAÑA, 1975-1988

Los hechos políticos ocurridos en España durante los últimos años han marcado de forma determinante el desarrollo del movimiento feminista. Por ello, y siguiendo la cronología utilizada por M. A. Durán y M. T. Gallego, pueden establecerse los siguientes períodos: 1975-1979, 1979-1982 y 1982-1988.

El año 1975 fue declarado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Mujer, lo que propició la convocatoria, además de centenares de actos y campañas en todo el mundo, de dos congresos de carácter internacional. El primero dirigido a los organismos oficiales que se celebró en la ciudad de México durante el mes de julio de ese año, y el segundo convocando a las organizaciones no gubernamentales en Berlín durante el mes de octubre.

La celebración de ambos encuentros creó las condiciones para la celebración en Madrid, del 6 al 9 de diciembre, de las Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer que constituyeron el primer encuentro feminista de carácter nacional que se celebraba en España. En ellas se discutieron los dos puntos de vista que polarizaron el debate feminista durante los cinco años siguientes: la necesidad de mantener una corriente estrictamente feminista independientemente de las organizaciones políticas y sindicales, denominada feminismo radical, y una segunda posición denominada feminismo-lucha de clases que se pronunciaba por defender las reivindicaciones feministas al tiempo que propugnaba una lucha de carácter general dirigida a implantar la democracia en España.

En mayo de 1976 tuvieron lugar en Barcelona las I Jornades Catalanes de la Dona. A ellas asistieron, a pesar de que la convocatoria estaba restringida fundamentalmente a Cataluña, cuatro mil mujeres. El debate teórico se centró en torno 

a la necesidad de diseñar una estrategia para lograr la emancipación de la mujer al tiempo que esta estrategia estaba dirigida a conseguir una sociedad socialista y se evidenciaba la necesidad de establecer una táctica a corto plazo dirigida a establecer un régimen democrático:

"El Socialismo alumbra por primera vez en la historia un régimen económico y social donde la clase oprimida pasa a ser clase dominante, la clase que mantiene el poder del Estado [y] al crear una sociedad a su imagen y semejanza donde la sociedad en su conjunto es trabajadora, pone las condiciones reales para la emancipación de la mujer. La lucha por la emancipación de la mujer es parte integrante de la Revolución Socialista y hoy por hoy la lucha por la liberación de la mujer pasa por conquistar la democracia junto con todos los sectores oprimidos de la sociedad [... ]".  

Con ello se intentaba definir las posiciones del feminismo socialista o feminismo lucha de clases que admitía como válidas la doble militancia, esto es la militancia en organizaciones feministas y en la lucha estrictamente feminista, y la militancia en organizaciones políticas o sindicales que poseyeran una estrategia común a esta corriente del feminismo.

Las jornadas de Liberación de la Mujer de Madrid y las Jornades Catalanes de la Dona marcaron el período de expansión del movimiento feminista. Las diversas posiciones mantenidas en torno a estrategia y táctica a seguir entre las feministas radicales e independientes de los partidos y las feministas partidarias de la doble militancia, así como la diversidad geográfica y política del país, determinaron la proliferación de grupos.

En Barcelona la Coordinadora de Organizaciones Feministas que realizó durante estos años campañas unitarias en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, amnistía para los delitos de las mujeres, en contra de las violaciones, por una ley de divorcio... integraba un número importante de organizaciones: LAMAR, que surgió en 1976 a partir de una escisión del Colectivo Feminista, el propio Colectivo Feminista, la Organización Feminista Revolucionaria que posteriormente daría lugar al Partido Feminista, todas ellas de orientación radical que consideraba a la mujer "como clase económica explotada y oprimida por el hombre, en razón de la reproducción de la fuerza de trabajo, como primer modo de producción sustentador de cualquier otro, y del modo de producción doméstico subsidiario del modo de producción dominante".

Otros grupos de mujeres se organizaron en torno a las vocalías de las asociaciones de vecinos y realizaban una lucha feminista y política admitiendo por tanto la doble militancia; y, por último, organizaciones que poseían un programa de carácter sectorial: Grupos de Planning Familiar, Mujeres Universitarias, Mujeres Separadas y Mujeres de Comisiones Obreras.

En Madrid la Plataforma de Organizaciones Feministas agrupaba, al igual que en Barcelona, grupos que admitían la doble militancia como el MDM/MLM, movimiento creado en 1965 por militantes del PCE, Mujeres juristas, Mujeres Separadas, Vocalías de Mujeres de las Asociaciones de Vecinos, la ULM, grupo escindido de la ADM y vinculado al partido ORT, y el FLM (Frente de Liberación de la Mujer) que se autodefinía como movimiento feminista autónomo, independiente de los partidos políticos y organizaciones sectoriales y que constituía un intento de conciliar la militancia feminista con una alternativa global de lucha por el socialismo.

Entre los grupos partidarios de una única militancia se encontraba fundamentalmente el Seminario Colectivo Feminista que, al igual que el de Barcelona, entendía que la mujer constituía una clase social y como tal debía construir su propia organización.

Paralelamente a esta plataforma unitaria existía en Madrid y en otros puntos del país la Asociación Democrática de la Mujer federada a nivel estatal en la Federación de Organizaciones Feministas; esta asociación estaba constituida por militantes del grupo maoísta PTE.

En el resto del país la constitución de las plataformas unitarias poseía características similares a las de Madrid y Barcelona, a excepción del País Vasco donde la Asamblea de Mujeres encuadraba fundamentalmente mujeres pertenecientes a alternativas nacionalistas.

El 15 de junio de 1977 se celebró en España la primera consulta popular después de cuarenta y un años. La casi totalidad de los partidos políticos ofrecían un programa político dirigido a las mujeres.

La derecha democrática reconocía la igualdad formal entre hombres y mujeres, la necesidad de una política educativa y cultura¡ para la mujer, así como la protección a la familia. En los liberales y democratacristianos el programa electoral era similar, aunque algunos hacían referencia a la reforma del derecho de familia y la necesidad de incrementar los servicios sociales.

Los partidos socialista y comunista, así como aquellos partidos situados a la izquierda del PCE, recogían, al menos programáticamente, todas las demandas de las mujeres, propugnando la plena igualdad entre los sexos en los ámbitos jurídico, laboral y familiar, así como la creación de servicios colectivos que permitieran socializar el trabajo doméstico.

En el terreno educativo los partidos de izquierdas prometían la creación de un sistema plenamente coeducativo e igualitario en todos los terrenos de la enseñanza.

En el aspecto laboral estos partidos incluían condiciones de igualdad para acceder al trabajo remunerado, creación de servicios colectivos (comedores, guarderías...) que facilitaran la incorporación de la población femenina al trabajo extradoméstico.

Todas estas reivindicaciones, y las grandes movilizaciones populares que se desarrollaron en torno a la campaña electoral, posibilitaron una importante participación de las mujeres en las mismas así como el aumento de su conciencia política.

La etapa de la transición política se consolida definitivamente con la elaboración y aprobación de la nueva Constitución en 1978. Esta Constitución redactada a partir del consenso de los partidos presentes en estos momentos en el Parlamento -centro (UCD), izquierda (socialistas-comunistas), nacionalistas y derecha democrática (AP) sería refrendada popularmente en diciembre de 1978.

El nuevo texto sentaba las bases legales para eliminar las desigualdades jurídicas aún existentes en la legislación española. El artículo 14 consagraba el principio de igualdad, prohibiendo cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. Establecía igualmente la igualdad del hombre y la mujer en el matrimonio y la regulación de la disolución del mismo, lo cual sería posteriormente desarrollado mediante la ley del divorcio. La propia Constitución reiteraba que no podía existir ninguna discriminación en el terreno laboral, tanto en la promoción como en el salario.

La Constitución, progresista en su contenido, no contemplaba sin embargo el derecho a controlar la natalidad, derecho que la izquierda mantuvo fuera del texto, consecuente con el consenso que había establecido con las fuerzas de la derecha democrática.

El debate sobre el texto constitucional polarizó las posiciones del movimiento feminista y marcó la exigencia de definir su estrategia política y su relación con las instituciones.

Las mujeres con una doble militancia, bien en partidos parlamentarios o en partidos extrapariamentarios, eran favorables al texto constitucional aun cuando existían importantes críticas al mismo, a diferencia de los grupos feministas radicales que lo rechazaban de lleno. El debate determinó el sí, el no o el abstencionismo que polarizó al amplio espectro de organizaciones feministas.

El desarrollo constitucional dio lugar en años posteriores a una larga lista de revisiones legales para acomodar esta doctrina a disposiciones de menor rango que todavía mantenían discriminaciones respecto a las mujeres. Sin embargo, la misma Constitución mantuvo algunas limitaciones para las mujeres respecto a la sucesión del Trono y la jefatura del Estado, lo que diferencia aún a España de otros países democráticos.

En el derecho Penal, mediante Ley 22/1978 del 26 de mayo, se derogaban los artículos 449 y 452 del Código Penal relativos al adulterio y amancebamiento; de esta forma se daba fin a una situación en la que la norma legal tutelaba concepciones estrictamente morales y discriminatorias para la mujer. La Ley 45/1978, del 7 de octubre, modificaba los artículos 43 bis y 416 del mismo Código Penal con lo que se conseguía la despenalización de la divulgación y propaganda de métodos anticonceptivos.

En el contexto del Derecho Privado, la Ley del 13 de mayo de 1981 equiparaba jurídicamente al marido y la mujer en el matrimonio, tanto en el régimen económico como en la titularidad de la patria potestad de los hijos. En cuanto al divorcio, la Ley del 7 de julio de 1981 que regulaba el matrimonio, nulidad, separación y divorcio, partía del principio de que el marido y la mujer son iguales en el matrimonio en derechos y en deberes.

La ley, avanzada en letra, se consideraba insuficiente en lo que se refiere a la penalización de aquellos que no cumplen las obligaciones familiares derivadas de una separación o divorcio, ya que suponía en muchos casos la indefensión económica de mujeres sin ingresos extradomésticos por impago de sus cónyuges de las prestaciones económicas destinadas a los hijos.

Estas y otras muchas reformas en el ordenamiento privado y penal supusieron un importante avance, al menos en la forma, en la situación jurídica de las mujeres. Este hecho fue admitido por numerosos colectivos feministas que durante estos años expresaron colectivamente su presión para que estas reformas se llevaran a la práctica.  

LA CRISIS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA (1979-1982)

Las elecciones legislativas de marzo de 1979, así como las elecciones municipales de abril del mismo año con el triunfo de la izquierda en la gran mayoría de los municipios, no significó un incremento sustancial del porcentaje de mujeres presentes en instituciones parlamentarias o municipales. Este hecho generó una creciente conciencia entre el movimiento feminista de rechazo a las organizaciones políticas de carácter mixto y las instituciones que se habían mostrado indiferentes ante las reivindicaciones del feminismo.

Las Jornadas Feministas celebradas en Granada en mayo de 1979 y a las que asistieron más de tres mil mujeres, paradójicamente marcaron el declive del feminismo organizado como tal. A lo largo de tres días las decenas de ponencias presentadas sobre los temas referentes a trabajo, educación, aspectos jurídicos, sexualidad, relaciones con las instituciones, reflejaban las diferencias ideológicas y estratégicas que habían dividido al movimiento feminista durante los cuatro años anteriores: la necesidad de una única militancia o la posibilidad de conciliar la militancia política junto con la permanencia en otras organizaciones de carácter político.

A estas dos tendencias se añadió a lo largo de las jornadas un nuevo debate que progresivamente distanció a las organizaciones partidarias de una o doble militancia. Frente al feminismo de la igualdad del que eran partidarias las seguidoras del feminismo socialista, esto es la búsqueda de una sociedad en la que hombres y mujeres poseyeran los mismos derechos y obligaciones, el feminismo de la diferencia concebía la necesidad de que se entendiera a las mujeres no sólo como militantes, sino como totalidad, como personas.

Para esta corriente feminista no podía hacerse separaciones tajantes entre lo privado y lo público, va que ambos poseían un claro carácter político. Los temas que interesaban a esta corriente del feminismo eran todos aquellos que se referían a la sexualidad, el lenguaje, el aborto, la violencia, las agresiones, el lesbianismo... v en fin, todo aquello que permitiese a las mujeres alcanzar un alto grado de autoconciencia.

El feminismo de la diferencia se mostraba claramente opuesto a las estructuras jerárquicas más propias de los partidos políticos y realizó un llamamiento a las organizaciones feministas para que abandonaran el marxismo-leninismo al tiempo que se rechazaba cualquier tipo de colaboración con las instituciones oficiales. Durante este mismo período adquieren relevancia las comisiones de mujeres de los partidos políticos y las organizaciones sindicales.

En el contexto de una democracia consolidada, y a partir de la actividad política desarrollada durante la campaña electoral de las elecciones de 1977 y 1979, un importante grupo de militantes de los partidos de izquierda, especialmente el PSOE, el PCE y el MC (Movimiento Comunista) crean una estructura paralela a las estructuras del partido que llevara a cabo la lucha feminista dentro y fuera de las instituciones.

En cuanto a los partidos democráticos de centro y derecha, fundamentalmente UCD (y posteriormente CDS) y AP, sólo a partir de 1983 concibieron la necesidad de crear Secretarías de la mujer o Asociaciones no de carácter feminista, como es el caso de Mujeres Conservadoras que recogieron las reivindicaciones que se refieren a las mujeres de este espectro ideológico y político.

El PSOE, que hasta 1976 no había impulsado ningún tipo de organización feminista o de mujeres en su seno, creó en este mismo año, a instancias de un grupo de mujeres feministas militantes de este partido, el colectivo Mujer y Socialismo. Sus objetivos eran fundamentalmente los de preparar folletos de divulgación, reuniones, charlas sobre la situación de la mujer dentro y fuera del partido. El trabajo de esta comisión, cuyos miembros también tomaban parte del movimiento feminista autónomo, especialmente en el Frente de Liberación de la Mujer, era considerado con recelo por parte de los propios militantes, mujeres y hombres, del partido socialista. Un cierto número de mujeres rechazaban cualquier tipo de relación con esta comisión por considerar que un perfil feministas podía poner en peligro o tener un efecto negativo en su carrera política.

No obstante, en el XXIX Congreso del PSOE en 1981 una mujer feminista, Carmen Mestre, pasó a formar parte del Comité Ejecutivo y algunas de las propuestas de Mujer y Socialismo, tales como la despenalización del aborto y su inclusión en la Seguridad Social, fueron aprobadas en este Congreso. Durante el XXX Congreso, celebrado en diciembre de 1984, una mujer feminista se mantuvo en la Comisión Ejecutiva y se consiguieron algunas mejoras para las militantes, que se incluyeron en los Estatutos. Pero sin duda el hecho más relevante de la actividad feminista en el seno del PSOE lo constituye el acuerdo adoptado durante la celebración del XXXI Congreso del PSOE, celebrado en Madrid en enero de 1988.

Durante el mismo se acordó adoptar el sistema de cuotas de representación de mujeres en un porcentaje no inferior al 25 % para todos los órganos de dirección del partido en todos sus niveles, lo que supuso la elección de seis mujeres para formar parte de la Comisión Ejecutiva. Esta decisión, que obtuvo un amplio eco en la prensa durante los días posteriores, fue considerada en un sondeo realizado días después como el principal acuerdo del congreso socialista.  

Muchas de las pioneras del movimiento feminista durante el período franquista procedían del PCE. Baste recordar cómo a partir de la creación del MDM (Movimiento Democrático de Mujeres) en 1965, y más específicamente a partir de la celebración de las 1 jornadas de Liberación de la Mujer en 1975, este movimiento había constituido el embrión de numerosas organizaciones feministas que surgieron en diversos puntos del país.

La Comisión de la Mujer eran durante unos años una organización prácticamente autónoma dentro del partido, que llevaba a cabo una práctica política dirigida a defender los intereses de las mujeres en el conjunto de la sociedad. Las diversas crisis del PCE, así como las contradicciones internas de las mujeres feministas que les impedía mantener con coherencia la doble militancia, supuso el abandono y práctica desintegración de esta comisión.

La Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, a pesar de enfrentarse a problemas similares, ha desarrollado durante estos mismos años una intensa actividad entre las mujeres que realizan un trabajo extra-doméstico.

Sus campañas con motivo de la elaboración del Estatuto de los Trabajadores, por la regulación del trabajo doméstico y su denuncia a partir de estudios realizados por militantes de esta central sindical sobre discriminaciones salariales o de promoción en el empleo, han permitido que en repetidas ocasiones numerosos colectivos de mujeres presenten denuncias ante los Tribunales de Trabajo o bien en instituciones internacionales como la OIT, como fue el caso de las mujeres que querían trabajar en la cuenca minera asturiana.  

Un estudio de las organizaciones feministas de este período quedaría sin duda incompleto sin la mención al Partido Feminista.

Este partido, fundado en 1979 por Lidia Falcón, se legalizó en 1981. Su mayor influencia se encuentra en Barcelona, siendo el número de militantes en el resto del país muy reducido. Se definen a sí mismas como un partido marxista-feminista y considera que la mujer es un gran grupo, el más numeroso de todas las clases sociales, que ocupa un lugar determinado históricamente por la división sexual del trabajo en dos modos de producción: la reproducción de otros seres humanos y la realización de tareas domésticas -modo de producción domésticas-.

Este gran grupo social se encuentra en todos los sistemas sociales, oprimido por los hombres de todas las restantes clases sociales, relacionado con ellos en régimen de servidumbre, y destinado a la reproducción y al mantenimiento de la fuerza de trabajo en la organización social del trabajo.

NUEVAS FORMAS DE FEMINISMO: 1982-1988

A partir de 1982 se produce en el seno del feminismo, concebido éste como movimiento organizado, una completa dispersión de grupos y organizaciones. En 1987, en un catálogo realizado por el Instituto de la Mujer, se incluían 600 organizaciones, de las cuales sesenta se definían como feministas. La gran mayoría de ellas no poseen una estrategia ni proyecto determinado de carácter social o político, se definen por su carácter pluralista en la que caben todas las tendencias del feminismo: feminismo radical, feminismo de la diferencia o el feminismo vinculado al lesbianismo.

Les une en la mayoría de los casos un objetivo común a corto plazo, bien la educación no sexista como es el caso de la Escuela a favor de las niñas, el desarrollo v aplicación del derecho al aborto como es la Comisión Pro-derecho al Aborto, o bien objetivos de carácter cultural o formativos como el Ateneo Feminista y el Centro de Estudios e Investigación Feminista, o bien de carácter político en el sentido de buscar una redefinición del concepto de lo político, como es el caso del Forum para una Política Feminista o Agora Feminista. Las restantes organizaciones no se definen necesariamente como feministas aunque integran entre sus objetivos la defensa de los derechos jurídicos, laborales y educativos de las mujeres.

La batalla por la despenalización del aborto ha permitido sólo en contadas ocasiones la coincidencia de estos grupos en movilizaciones que unido a la contestación popular y al apoyo de numerosos colectivos de profesionales sanitarios, permitieron en 1985 el reconocimiento de las mujeres a abortar siempre y cuando existieran los supuestos contemplados por la ley: peligro grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, violación o malformación del feto. La exigencia de que fuera una Comisión Evaluadora la que dictaminase la inclusión de los casos existentes dentro de los tres supuestos que establece la ley y la actitud obstaculizadora de algunos colectivos médicos supuso un importante retraso en su aplicación.

La batalla por la ampliación de la ley del aborto polarizó durante los años 1985 y 1986 las posiciones ideológicas y políticas más encontradas: sectores conservadores de la profesión médica y sectores confesionales se opusieron no sólo a la aplicación de la ley del aborto sino a la existencia de la propia ley. La posición de la Administración socialista fue claramente ambigua durante este período: la presión de sus propios militantes y la inclusión del derecho democrático al aborto en su programa electoral le comprometía a legalizar una realidad existente, mientras que al tiempo no impidió la acción judicial y policial de cierre indiscriminado de centros y la detención de profesionales implicados en la atención de aquellas mujeres que quisieran abortar.

La pregunta a la que es difícil responder hoy es el porqué del alto grado de disgregación e incluso de atomización del movimiento feminista durante los últimos años. La respuesta puede encontrarse tanto a nivel internacional como nacional. En Europa y en EE UU se está produciendo de forma paralela una disgregación del movimiento feminista y la voluntariedad expresa de autoexcluirse del ámbito de actuación de las instituciones. En España el feminismo recibe y reproduce esta misma tendencia.

En España las elecciones legislativas de 1982 y 1986 dieron la mayoría al PSOE en el Parlamento. Paralelamente, a pesar de los graves problemas que aún sufre el país: reestructuración del sector siderúrgico y naval, altas tasas de desempleo, terrorismo... no han obtenido una respuesta por parte de los sindicatos y movimientos sociales que se han opuesto tímidamente a la política gubernamental. El comportamiento de las mujeres ha sido similar al de otros colectivos, de forma que se ha generado un proceso de desmovilización a pesar de la vigencia de graves problemas que las sitúan como sujetos específicos de discriminación.

Paralelamente se ha producido un hecho que puede denominarse como el feminismo institucional. A partir de la creación en 1983 del Instituto de la Mujer, cuyo objetivo fundamental es el de desarrollar el principio de no discriminación contemplado en la Constitución de 1978.

La existencia de mujeres feministas provenientes de las filas del PSOE en los cargos de dirección de este Instituto ha permitido, dentro de las propias limitaciones políticas del partido en el poder y de las propias características de la institución, el apoyo desde el Instituto de la Mujer a numerosas campañas en defensa de los derechos de las mujeres: legalización del aborto, agresiones sexuales, discriminaciones laborales, apoyo a las mujeres de Iberoamérica, apoyo a colectivos sectoriales de mujeres y feministas...

El Instituto, ha recibido durante estos años fuertes críticas por parte de los sectores más radicales del feminismo que consideran peligrosa la capacidad integradora del mismo y denuncian la «Institucionalización» del feminismo independiente. Así mismo se considera que posee importantes limitaciones de carácter político, impuestas fundamentalmente por el carácter reformista del PSOE y las limitadas atribuciones de carácter administrativo debido a su ubicación en un Ministerio.

Otra faceta importante de este feminismo institucional debe situarse en los Departamentos de la Mujer de las diversas comunidades autónomas, concejalías de los ayuntamientos, universidades populares, centros de cultura, etc., que congregan en torno a sí un elevado número de mujeres que demandan servicios de carácter sanitario, educativo y asistencias.

En 1980 se creó en la Universidad Autónoma de Madrid el Seminario de Estudios de la Mujer. Entre sus objetivos fundamentales se encuentra el fomentar la Investigación y la docencia sobre los temas relativos a la mujer.

Posteriormente, otras universidades españolas -Autónoma de Barcelona, Central de Barcelona, Granada, Valencia, Universidad Complutense, País Vasco- han creado seminarios de características similares aun cuando cada uno de ellos posee un programa específico y un plan de investigación en el que se marcan unas prioridades diferentes.

El impacto de estos seminarios ha sido relativamente importante.

 Cientos de investigadoras e investigadores han participado en sus congresos y seminarios y sus publicaciones en el campo de la historia, sociología, arte, literatura, derecho, antropología son utilizados de forma regular en los programas docentes de las distintas universidades.

Tras varios años de trabajos estos seminarios han alcanzado sólo de forma muy limitada sus objetivos; si bien no se cuestiona su existencia, sin embargo apenas han tenido incidencia en la transformación del currículo ya que un análisis superficial de la enseñanza universitaria evidencia lo sesgado de las materias que se imparten.

La existencia de mujeres feministas agrupadas en colectivos profesionales ha permitido en los últimos años (1982-1988) el desarrollo de lo que puede definirse como feminismo sectorial o profesional.

La existencia de estos colectivos ha traído consigo en muchos casos la consecución de importantes avances en la conquista de los derechos de las mujeres. Constituidos en muchos casos por profesionales provenientes de las filas del feminismo han participado activamente en diversas campañas de tipo legal, como es el caso de las mujeres abogadas que denuncian durante estos años las arbitrariedades del poder judicial en la interpretación y aplicación de la ley del aborto, denuncia de malos tratos o la ausencia de instrumentos legales que amparen a las mujeres divorciadas que no obtienen pensiones por parte de sus cónyuges. Otros colectivos que han participado activamente en la campaña por la legalización del aborto fueron las agrupaciones médicas, mujeres pertenecientes a la carrera judicial, periodistas, psicólogas...

Pero sin duda el fenómeno de más interés que se ha producido durante estos años es la existencia de una creciente conciencia feminista entre las mujeres no vinculadas a movimiento femenino alguno que les lleva a luchar por un cambio social en los diversos espacios de la vida privada.

Es evidente que las mujeres más jóvenes rechazan el modelo tradicional de mujer, son estas mujeres las que rechazan el trato desigual que a menudo reciben de profesores y padres, que protestan ante las diferentes oportunidades profesionales que se ofrecen a los jóvenes de uno y otro sexo, que se rebela ante las actitudes de sus compañeros, amigos. Pero también en menor medida rechazan ese modelo tradicional aquellas mujeres que desde su hogar o centro de trabajo rechazan los papeles tradicionales que esposos, compañeros o hijos les han asignado tradicionalmente.

Este modelo, que la sociedad identifica desde ya hace varios años con el feminismo, se encuentra relativamente difundido.

En una encuesta realizada en 1978 por Metra Seis sobre Los españoles y el feminismo se evidenciaba que un 22% de las personas entrevistadas decía conocer a alguna feminista y un 18% de mujeres se identificaba públicamente como tal.

En otras palabras, desde hace ya varios años un número importante de mujeres se muestran en sus relaciones cotidianas con amigos, vecinos o parientes como partidarias de la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres.

Ocho años después, en el Estudio sociológico sobre la mujer ante la política y el feminismo realizado en febrero de 1986, la palabra feminista se identifica bien como un movimiento social, bien como una filosofía vital dirigida a transformar las relaciones hombre/mujer en la esfera de lo privado, de forma que un 35% lo define como «un movimiento de reivindicación y defensa de la mujer», un 13% como «un modo de vida femenino, distinto al tradicional», y un 17% como «una forma de cambiar la relación hombre-mujer». El grado de identificación con una u otra definición difiere en gran medida en función de diferentes variables sociológicas.

Las mujeres más jóvenes, con estudios superiores y habitantes de grandes ciudades, se identificaron en un 45% con la definición del feminismo como movimiento social.

Este mismo estudio aporta, por último, datos de interés sobre el grado de identificación de las mujeres encuestadas con algunas definiciones de las feministas: un 46% se muestra de acuerdo en que éstas son «personas con ideología progresista, o bien «personas con ganas de triunfar en la vida», o «personas con necesidad de independencia».

Las mujeres han luchado y han conseguido en los últimos diez años las reformas básicas que ya existen en la mayoría de las democracias occidentales: igualdad ante la ley, incorporación progresiva a todo tipo de estudios, trabajos y profesiones, ley de divorcio y ley de aborto, aunque esta última sea sumamente recortada, existencia de organismos e instituciones que se ocupan específicamente de los problemas de las mujeres.

El fenómeno más importante que se ha producido, no obstante, durante estos años es la existencia de una corriente de opinión entre las mujeres que se orienta hacia la ruptura de viejas pautas de comportamiento, y rechaza las actitudes patriarcales de los sistemas de poder y de los hombres. Esta actitud de ruptura se refleja en las mujeres de diferentes edades, clases sociales y profesiones, y se plasma en un creciente deseo de alcanzar una independencia en lo económico y en lo afectivo, en lo personal y en lo profesional.

La evidente atomización y disgregación del movimiento feminista no debe oscurecer el importante avance que han obtenido los derechos de las mujeres en los últimos años en España. Igualmente es necesario resaltar el cambio de actitudes del conjunto de las mujeres que están transformando de forma radical las relaciones de género entre hombres y mujeres, los hábitos y costumbres de la vida privada del conjunto de la ciudadanía y, por último, están influyendo de forma decisiva en una mayor democratización de la vida pública y privada de las españolas y los españoles.